“El Campamento nos da más trabajo porque no sabes cuándo van a actuar ni dónde, y siempre estamos jugando al gato y al ratón". Estas declaraciones pertenecen a la entrevista realizada por el diario “El Periódico de Extremadura” a Francisco Durán, comisario de policía de Mérida. Palabras que denotan que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad realizan religiosamente su papel dentro del Estado, la represión. Efectivamente, su trabajo como veladores de la injusticia establecida es el de perseguir y coaccionar a los que tratan de de darle la vuelta a esa injusticia.

La represión se ejercita mediante múltiples mecanismos, desde la violencia física, como sucedió el pasado 14 de Febrero en el Centro Social 13 Rosas de Alcalá de Henares, hasta la violencia psicológica, como es el caso de las familias que tienen que soportar continuas amenazas de desahucio. Estas formas de violencia se interrelacionan, son ejercidas en cada caso de una manera u otra, pero llevadas a cabo en su conjunto, extendiéndose a todos los ámbitos de la vida de quienes las sufren, y formando una violencia sistémica, una violencia dotada de ideología.

Mención especial merece la violencia que se está ejerciendo sobre el camarada de la UJCE en Extremadura, Rafa González, que en los últimos días ha recibido su enésima multa, con la que suma un total de 2700 euros a sus espaldas. Ésta última de 600 euros por una movilización estudiantil en el mes de Noviembre en la que, al igual que el resto de estudiantes, ejercía su derecho de manifestación.

En los últimos tiempos se ha vuelto a producir un incremento de la represión. No es de extrañar, debido a que el aumento de las políticas antisociales de los últimos gobiernos requiere de un aparato que proteja sus intereses y los de su clase para evitar que la protesta social fragüe y se extienda. Precisan de estos aparatos para reprimir al pueblo que legítimamente reclama sus derechos. Necesitan perpetuar su sistema de miseria y explotación. Por ello vemos como el gasto en material antidisturbios aumenta, mientras a su vez, el pueblo empobrece. 

El surgimiento del Movimiento de los Campamentos Dignidad en Extremadura ha intensificado la represión por parte de todo el aparato del sistema, no solo desde el policial. Hoy, justo una semana después de que los Campamentos entraran en el plató de una televisión pública para reclamar la renta básica, la luz, el gas y el agua como derechos fundamentales, han sido sometidos a una vista judicial en la que la se ha personado incluso el Abogado del Estado y en la que junto al fiscal ha reclamado multas de 8.910 euros a cada uno de los 19 miembros, es decir, casi 170.000 euros a todo el Campamento.

170.000 euros a familias que están solicitando la renta básica; familias a las que se les está cortando el agua; familias que tienen que acudir a los bancos de alimentos; familias que están en riesgo de perder sus casas; familias que no han delinquido, sino que han reclamado que se cumpla la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción. Una ley aprobada en un órgano legislativo y que no se está aplicando. ¡¡Y se atreven a acusar de delincuentes a los que exigen que se cumpla con la Ley!!. Por ello, no tenemos más que decir que el verdadero culpable e instigador de estos actos se llama José Antonio Monago Terraza, y su organización criminal es el Gobierno de Extremadura.

Intentan que el ejemplo de lucha de Rafa y de los Campamentos no se extienda, utilizándolos como cabezas de turco y ejerciendo la coacción y el miedo que provocan las sanciones económicas, para atemorizar a la población que sufre las medidas de este gobierno al servicio de los grandes capitales. Pero estos actos también son síntoma de que su sistema no se sustenta por ninguna parte, por ello, continuaremos incidiendo en reclamar lo que se le debe al pueblo extremeño, comenzando por la renta básica, el empleo, y la garantía del agua , la luz y el gas. Continuaremos organizando la respuesta a su violencia en Extremadura.

Animamos a toda persona y colectivo político y social a asistir el próximo 5 de Marzo a las 09,30 horas a los Juzgados de Mérida para solidarizarnos con los compañeros y compañeras y exigir su absolución de todos los cargos de los que se les acusan.